En mayo del 2019 el presidente Lenín Moreno, decretó un estado de emergencia en el sistema de rehabilitación social del país, sin embargo, desde la perspectiva ciudadana y desde los internos, poco o nada ha cambiado en cuanto al control penitenciario.
El Ecuador tiene capacidad para privar de la libertad a 27.742 personas en los más de 50 centros de rehabilitación social, pero la población carcelaria bordea las 40 mil personas, lo que evidentemente ocasiona un hacinamiento de más del 40%, razón principal por la que en estos últimos meses se han visto amotinamientos, el último ocurrido en Cuenca que tuvo como saldo 6 PPLs fallecidos, cuestionando fuertemente la labor de la Ministra María Paula Romo, quien tiene a cargo el control de los centros de rehabilitación social.
Pero preguntémonos ¿realmente tenemos un sistema de rehabilitación social? Al parecer más allá de lo que prescribe la ley, seguimos manteniendo el mismo sistema de castigo que tenía Roma hace 2500 años con la cárcel Mamertina, que consistía en encerrar a las personas que no cumplían con la ley, con la diferencia que ahora, estas personas encerradas gozan de acceso a internet, celulares y armas, por lo que comúnmente se ha llamado a los CRS como “universidades del crimen”, y es que en muchos casos, en lugar de que la persona al cumplir la pena salga rehabilitada, lo que sucede es que reincide en la violación a la ley, cometiendo delitos aún más graves.
¡Es hora de cambiar¡ Y aunque debemos empezar por eliminar la desigualdad social y falta de oportunidades, que son las principales causas de delincuencia, hay dos causas que impiden el correcto uso del sistema de rehabilitación social, estas son, la desproporcionada dosimetría penal que maneja nuestro Código Penal y la idiosincrasia nuestra, que han hecho que exijamos cárcel hasta por la más mínima infracción, olvidando que el encerrar a alguien no soluciona nada y más allá de eso crea nuevos problemas, es por ello que considero que es hora de cambiar el chip y en lugar de exigir cárcel incluso para el que perjuró, exijamos que se construya una verdadera rehabilitación social para los infractores, cuyo tiempo de privación de libertad sea acorde al tiempo que requiere un tratamiento psicológico, psiquiátrico y de adicciones de ser el caso, con un seguimiento real que reintegre nuevamente al ser humano, como una persona que aporte a la sociedad para que logremos así, ver al sistema penitenciario como una solución a los problemas y no como un problema más.
Autor: Ab. Byron Muñoz J.
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